Luego de varias semanas de aumento de la divisa estadounidense, y de una extrema volatilidad en su cotización, el Gobierno logró desde comienzos del mes de mayo que uno de los precios más relevantes de nuestra economía se estabilice. Claro está que, para lograrlo, debió dejar atrás su idea de libre flotación y convencer al FMI de que, en contra de sus propias normas, permita a su máximo deudor usar el préstamo para calmar al inestable mercado cambiario. Estas nuevas reglas de juego, sumado al ingreso extraordinario proveniente del sector agroexportador en épocas de la coscxxzfecha gruesa, produjeron una calma cambiaria que hasta logro sortear con creces los tan esperados cierres de alianzas y listas electorales, periodos que históricamente fueron fuentes de incertidumbre e inestabilidad en los mercados.

El plan de reactivación no fue implementado en un contexto aislado. Se trata de un marco de plena aceleración inflacionaria, signada por el incompleto traspaso a precios de la devaluación 2018, además de las subas en productos regulados del primer cuatrimestre del año. Esto es lo que más preocupa, dado que el centro del programa económico acordado con el FMI tiene que ver con la estabilización de los desequilibrios nominales.

Producto de la devaluación, los precios mayoristas siguen aumentando sustancialmente más que el índice minorista. Al cierre del primer trimestre, la brecha supera los 13 puntos porcentuales, a partir de un IPC que viaja al 54,7% y un IPIM que se mueve al 68%. Al mes de marzo la brecha entre el segmento de insumos mayoristas nacionales y el importado se posiciona en 11,7%, lo cual es indicativo de un traspaso incompleto de los efectos de la devaluación.

En el marco del plan de austeridad y la consecución del déficit cero, cada gasto fiscal excedente deberá ser compensado por una reducción de partidas o nuevo ingreso equivalente. En particular, en la batería de anuncios, el esfuerzo fiscal está vinculado con el tope de retenciones para Pymes exportadoras y la reducción de incrementos en servicios públicos. El esfuerzo fiscal del nuevo plan dependerá en gran medida de la evolución del tipo de cambio en los dos cuatrimestres restantes; a mayor desbarajuste cambiario, más sube el ticket del costo fiscal el programa de incentivos a la producción.

En el corriente mes se conocieron los números de abril en lo concerniente a ingresos impositivos del sector público nacional. La variación de recursos recaudados para el cuarto mes del año trepó al 51,3%. Con una tasa de inflación del 3,4% para abril, se tiene una separación entre la recaudación y el IPC del orden de 5 puntos porcentuales, esto es, una caída real de 2,9% para dicho mes.

Si bien este último mes sigue registrando una recaudación en terreno negativo, se modera la baja respecto del primer trimestre del año, donde tanto enero (-7%), febrero (-7,2%) y marzo (-11,3%) mostraban una preocupante trayectoria de aceleración en la brecha entre precios y recursos fiscales.

Robustecer las fuentes de ingresos es un punto central del programa macroeconómico para lo que resta de este año. La consecución del equilibrio1 fiscal primario es un objetivo que el Poder Ejecutivo no puede dejar de cumplir, en pos de mejorar la credibilidad del mercado sobre las perspectivas de corto y mediano plazo para la economía argentina.

En tal sentido, el Gobierno podrá apalancarse sobre las bondades del impuesto inflacionario para llegar a la meta fiscal, no sin antes aplacar las tensiones por el lado del gasto, en un contexto de inflación creciente. Al igual que en 2018, se espera una licuación significativa de las principales partidas del presupuesto, restando poder de fuego a la implementación de políticas públicas contracíclicas.

Acuerdo mediante con el Fondo Monetario Internacional, la máxima entidad bancaria modificó una vez más su estrategia de control del tipo de cambio, permitiéndose esta vez intervenciones discrecionales en el mercado.

El esquema de libre flotación entre bandas de no intervención (primero ajustables y luego fijas), quedó atrás y a partir del 29 de abril se comenzó un nuevo esquema en el cuál el BCRA podrá intervenir vendiendo dólares aun cuando la cotización sea menor a $51,44 (límite superior de las ahora llamada “zona de referencia”) cuyo monto y frecuencia dependerá de la “dinámica del mercado”. En caso de que el tipo de cambio supere dicho umbral, el Banco Central tendrá la disponibilidad de incrementar el monto de sus ventas de US$150 millones a US$250 millones.

Mirando hacia adelante, el principal riesgo asociado con este nuevo esquema es que se potencien las inconsistencias macroeconómicas en caso de que se logre moderar la suba del dólar pero sin poder bajar la inflación de forma sostenida. Las oportunidades de una nueva apuesta al carry trade no están exentos de riesgo, porque el Ejecutivo carece de liquidez permitida suficiente para frenar una corrida de proporciones. Es por esto que será crucial seguir la evolución de las reservas internacionales, de cara a los próximos meses.

Del desembolso de US$ 10.800 millones que realizó el FMI a comienzos de abril, ya se dilapidó entre fuga y pagos de deuda el 89,6% del mismo. Sumado a esto, el contexto político-electoral y los magros indicadores que se difunden en materia económica semana tras semana, no hacen más que encender las alarmas de una nueva corrida cambiaria, que haga disparar el dólar y acelere la pérdida de reservas.

Una de las consecuencias directas del deterioro financiero que se viene desarrollando en el último tiempo, es un desplome en el precio de los activos financieros argentinos; tanto los títulos de deuda como el capital accionario de las principales empresas de capital nacional. Lejos de un problema de tensiones propias de un determinado arreglo en la distribución del ingreso, hoy lo que se vivencia es una complejidad creciente, transversal a todos los sectores.

Para ilustrar, en el promedio del mes de mayo, tanto el Bonar 2020 como el 2024 ya pagan una rentabilidad del 14% en dólares, rendimientos que no se consiguen en ningún país de la región y no hacen más que retroalimentar la sensación de pánico de los inversionistas minoristas.

Otra daño colateral de la situación actual es el relativo a la descapitalización del capital privado. El valor patrimonial de las principales firmas que operan y cotizan en la argentina se viene reduciendo en dólares y ya volvió a niveles de inicios de 2015. Se trata de un fenómeno a seguir de cerca desde el punto de vista empresario, ya que pueden comenzar a gestarse un proceso de extranjerización del capital productivo argentino, dada la existencia de “precios de oportunidad” en compañías de gran porte y prestigio.

Con esto, el gobierno espera, además de generar una mayor confianza y credibilidad en los mercados internacionales, que se traduzca en mayor inversión productiva y en puestos de empleo.

La retracción en la actividad interna es el principal motivo de la expulsión de mano de obra del circuito productivo. En los últimos 12 meses se destruyeron casi 160 mil empleos registrados de asalariados del sector privado, siendo la industria el sector más afectado. Asimismo, la recesión económica también afecta a los sectores con empleos en situación de precariedad. Es así que más de 100 mil monotributistas dejaron de hacer su aporte mensual en el último año y pierden el acceso a cobertura de salud y previsional. En total, más de 250 mil empleos se destruyeron en apenas un año, sumando sector privado y monotributistas.

A modo de ilustración estilizada de la trayectoria más probable para la dinámica laboral, proyectamos la evolución del empleo privado1 para los tres trimestres restantes. Como insumo para la estimación, contemplamos:
• La hipótesis de crecimiento del PBI, según FMI.
• La hipótesis inflacionaria, cambiaria y de tasa de interés del REM, en tanto determinantes de la inversión.
• Una hipótesis sobre los resultados de paritarias promedio, en función a los primeros convenios colectivos refrendados, y estimaciones propias.

Los números proyectados marcan un escenario de 8.420.000 puestos de trabajo en el sector privado para fines de este año. Esto implica una reducción de 1,9% en relación al año previo, y del 1,2% en el acumulado de cuatro años.

Así, nuestro escenario base marca que la actual administración va a cerrar el período de cuatro años de gestión con menos empleo privado que el existe a fines del año 2015. Claro que esta estimación depende crucialmente de la hipótesis de recesión consolidada 2019, a tono con la estimación del FMI, tanto como la proyección de inflación, tipo de cambio y tasa de interés vigentes a la fecha en el relevamiento de expectativas de mercado. En caso de que se modifique positivamente la trayectoria de estas variables en los próximos meses, el empleo privado podría trepar hasta los 8.630.000 puestos de trabajo, esto es, 0,5% más que a fines de 2018 y 1,3% por encima de fines de 2015.